EMPRESA PÚBLICA
CONCEPTO UNO:
Se entiende por empresa
pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda aquella
que es propiedad del Estado, sea éste
nacional, municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un
modo total o parcial. Sin embargo, la Unión Europea define
a una empresa pública como cualquier empresa en la que los poderes públicos
puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de
la propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen.
Este concepto no se debe
confundir con la "public company" estadounidense.
En el caso de propiedad
parcial, el criterio para determinar si una empresa debe o no ser considerada
pública no es tanto el porcentaje de acciones en poder del sector privado como
el control efectivo que el Estado tenga sobre el proceso de toma de decisiones
en la empresa. El elemento crucial en la empresa pública es la capacidad del
Estado para ejercer presión política directa en la compañía. El accionista
mayoritario es el Estado, con unos objetivos que pueden ser muy diversos y, lo
que es más, cambiantes con el proceso político. En opinión de J.K. Galbraith,
hay muchas y muy características similitudes entre las grandes empresas
privadas y las grandes empresas públicas. Unas y otras, y ello es especialmente
cierto en los sectores industriales y de servicios públicos, están cada vez más
despersonalizadas y cada vez más burocratizadas.
La gran mayoría de los
estados del mundo controlan empresas con diferentes fines -aparte del fin existencial de toda
empresa de maximizar utilidades-, que pueden ser proveer servicios públicos, incentivar la producción del país o generar empleo, por
nombrar algunos.
CONCEPTO DOS:
Empresa cuyo capital, en su
totalidad o en su mayoría, es propiedad del Estado, de una
Comunidad Autónoma o de una Corporación Local. Tienen
también la consideración de empresas públicas
las sociedades mercantiles con mayoría de capital privado cuya dirección y control es responsabilidad de los poderes públicos
que tienen la facultad legal de nombrar
la mayoría de los
miembros de su Consejo de Administración. Por
razones de interés general o bienestar social, la
creación de empresas públicas
en los diferentes países ha respondido a motivaciones diversas: provisión de bienes y servicios básicos para la sociedad, reforzar o
suplir la falta de
iniciativa privada en determinados sectores
productivos, frenar la entrada de capital extranjero,
desarrollar actividades capital-intensivas
de elevado contenido tecnológico, resolver problemas a corto plazo no
susceptibles de ser resueltos de otro modo, motivaciones ideológicas, etcétera.
En la empresa pública se
entremezclan dos preocupaciones fundamentales:
la
consecución de los objetivos o
propósitos públicos para los que fue creada, y
El logro de unos objetivos financieros o de mercado, como correspondería a cualquier empresa privada, y que precisamente por ello a la empresa pública se le dota generalmente de la forma jurídica mercantil.
La obtención del máximo beneficio o lucro no es, ni nunca lo ha sido, el principal objetivo de la empresa pública. Los fines u objetivos de la empresa pública se identifican con los del sector público: eficiencia asignativa, estabilidad y pleno empleo, crecimiento económico y redistribución de la renta. La administración de la empresa pública no debe desligarse nunca, sin embargo, del principio del máximo beneficio o lucro, dual del principio de economicidad, que no significa sino la consecución de unos determinados objetivos con el menor sacrificio o coste y que es consustancial con todo quehacer económico-empresarial. En la empresa pública el objetivo del máximo beneficio es un objetivo intermedio, supeditado siempre a la consecución de objetivos superiores.
Junto a las restricciones que en un orden económico de mercado configuran la actuación de cualquier tipo de empresa, en el caso de la pública hay que añadir las restricciones que se derivan de la intervención pública en defensa del interés general. Como la empresa pública se halla sometida a un mayor número de restricciones, para un mismo nivel o grado de eficiencia el valor de su óptimo económico (máximo beneficio, por ejemplo) será siempre inferior al de la privada, salvo que la correspondiente empresa pública perciba subvenciones o auxilios de naturaleza similar. De ahí que la eficiencia de la empresa pública no se pueda medir con criterios de mercado exclusivamente.
El logro de unos objetivos financieros o de mercado, como correspondería a cualquier empresa privada, y que precisamente por ello a la empresa pública se le dota generalmente de la forma jurídica mercantil.
La obtención del máximo beneficio o lucro no es, ni nunca lo ha sido, el principal objetivo de la empresa pública. Los fines u objetivos de la empresa pública se identifican con los del sector público: eficiencia asignativa, estabilidad y pleno empleo, crecimiento económico y redistribución de la renta. La administración de la empresa pública no debe desligarse nunca, sin embargo, del principio del máximo beneficio o lucro, dual del principio de economicidad, que no significa sino la consecución de unos determinados objetivos con el menor sacrificio o coste y que es consustancial con todo quehacer económico-empresarial. En la empresa pública el objetivo del máximo beneficio es un objetivo intermedio, supeditado siempre a la consecución de objetivos superiores.
Junto a las restricciones que en un orden económico de mercado configuran la actuación de cualquier tipo de empresa, en el caso de la pública hay que añadir las restricciones que se derivan de la intervención pública en defensa del interés general. Como la empresa pública se halla sometida a un mayor número de restricciones, para un mismo nivel o grado de eficiencia el valor de su óptimo económico (máximo beneficio, por ejemplo) será siempre inferior al de la privada, salvo que la correspondiente empresa pública perciba subvenciones o auxilios de naturaleza similar. De ahí que la eficiencia de la empresa pública no se pueda medir con criterios de mercado exclusivamente.
EJEMPLO
DE EMPRESA PÚBLICA:
Las empresas públicas
son negocios que se fundan con dinero y bienes del estado, lo que quiere decir
que para que funcionen necesitan de recursos públicos, para generar ganancias
que se destinan al bienestar de la ciudadanía.
Su actividad puede ser tanto
en el sector básico o estratégico del país, así como de determinados servicios
que beneficien a la población, por lo que no es necesario que éstas generen
beneficios económicos.
Las empresas públicas
son entidades institucionales que cuentan con su propia personalidad jurídica,
que están constituidas con capital del estado y que tanto su gestión, como la
toma de decisiones son por parte del gobierno.
10 ejemplos
de empresas públicas:
1.
PEMEX
2.
AGROASEMEX
3.
CAPUFE
4.
Comisión Federal de
Electricidad
5.
IMSS
6.
Lotería Nacional Para la
Asistencia Pública
7.
Pronósticos Para la Asistencia
Pública
8.
Instituto Nacional de las
Bellas Artes
9.
Aeropuertos y Servicios
Auxiliares
10.
Nacional Financiera
